Ante la actual crisis sanitaria las residencias del Servicio Nacional de Menores entraron en aislamiento preventivo el pasado 15 de marzo, lo que ha significado la reducción de las visitas presenciales

El Ministerio de Justicia y DD.HH, a través del Servicio Nacional de Menores (Sename) y la Subsecretaría de Derechos Humanos, suscribió un convenio con la empresa Huawei que permitirá repartir 40 celulares de última generación en diversas residencias y centros en la Región del Biobío. La iniciativa beneficiará a más de 800 niños, niñas y adolescentes, quienes podrán realizar videollamadas y otro tipo de comunicación con sus seres queridos, ya que desde hace varias semanas en las residencias se están aplicando estrictos protocolos de prevención debido al Covid-19.

De esta forma, el Seremi de Justicia y DDHH, Sergio Vallejos y el director regional (s) del Sename, Patricio Muñoz, comenzaron la entrega de los equipos en una residencia en la ciudad de Los Angeles, dependiente del Organismo Colaborador Acreditado (OCA) Ciudad del Niño. â€œEntregaremos 40 teléfonos en 32 residencias de protección de administración directa, de OCA y en el Centro de Justicia Juvenil de Coronel. Sabemos lo difícil que puede ser el distanciamiento en el contexto de la pandemia que hoy afecta a nuestro país. Por esta razón este tipo de alianza cobra más valor”, señaló Sergio Vallejos, quién explicó, además, “que la medida favorecerá el vínculo con sus seres queridos, ya que sabemos lo difícil que puede ser para ellos mantener esta distancia física durante tanto tiempo”.

Por su parte, Patricio Muñoz, agradeció lo que es “un aporte significativo para nuestro trabajo diario gracias a este convenio público-privado. Los niños y niñas permanentemente desean saber de sus familiares y adultos significativos, con estos equipos podemos fortalecer esos lazos y disminuir los efectos que genera el distanciamiento, a su vez, mantenerlos protegidos por el contexto sanitario”.

Durante los próximos días se entregarán en todo el país 380 teléfonos que beneficiarán a más 3.500 niños, niñas y jóvenes que viven en residencias y centros por instrucción de un tribunal de familia o de Garantía.