● La iniciativa estará constituida por hasta 43 aerogeneradores, los que tendrán una potencia nominal de 5 MW cada uno, totalizando una potencia nominal instalada de hasta 215 MW. Se estima un plazo de dos años para la construcción y posterior puesta en marcha del parque.

● El proceso contempló una etapa de participación anticipada, consulta indígena y más de 1.800 comentarios y sugerencias de los vecinos. En total, fueron cerca de cuatro años de trabajo para llevar adelante esta iniciativa, que, una vez que entre en operación, permitirá aportar a la descarbonización del país.

El consejo evaluador del Gobierno Regional del Biobío aprobó ayer por unanimidad el proyecto Parque Eólico Viento Sur con un total de siete votos, tomando en cuenta la recomendación favorable de los servicios que participan en el proceso de evaluación ambiental (SEA).

El proyecto consiste en la construcción y operación de un parque eólico constituido por 43 aerogeneradores, los que tendrán una potencia instalada de hasta 215 MW, equivalente a la energía para abastecer a cerca de 540 mil hogares.

ARAUCO lleva trabajando cerca de cuatro años en esta iniciativa que busca contribuir directamente a la generación de energía limpia y aportar a la diversificación de la matriz energética del país, inyectando energía al Sistema Eléctrico Nacional, SEN.

La compañía -que tiene una amplia experiencia en el desarrollo de energías provenientes de biomasa forestal – contempla que el proyecto sea construido en un plazo de hasta dos años, con una inversión de US$300 millones.

“Esta es una muy buena noticia, ya que Viento Sur nos permitirá dar un paso más en la generación de energía limpia y renovable”, señaló el subgerente de Asuntos Públicos de ARAUCO, Mauricio Leiva, quien hizo hincapié en que esto fue posible gracias a un extenso proceso de evaluación, que consideró todos los aspectos ambientales y ciudadanos.

Y es que en 2018 se realizó un proceso voluntario de participación anticipada, para luego -en marzo de 2019- ingresar el proyecto al proceso de evaluación ambiental, que consideró una etapa de participación ciudadana, durante la cual se realizaron más de 1.800 observaciones por parte de la comunidad. Tras esto se realizó la fase de consulta indígena, que se extendió por más de dos años, a fin de contar con los comentarios y sugerencias de las comunidades cercanas al proyecto, para que éste se desarrollara de manera colaborativa.

Todos estos puntos fueron considerados por las autoridades a cargo de la evaluación, quienes calificaron favorablemente la iniciativa, ya que cumplía con la normativa y los requisitos que exige la institucionalidad ambiental.